Pero dos meses después, las autoridades no han identificado a una sola víctima.
Los 49 cuerpos, decapitados y sin manos ni pies, arrojados en la carretera de Nuevo León, parecen ahora destinados a una suerte cada vez más común en la guerra de México contra las drogas: quedar para siempre anónimos, engrosando las filas de los muertos sin nombre.
Casi 16.000 cuerpos no han sido identificados, afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo gubernamental autónomo. En total, 24.000 personas están reportadas como desaparecidas. Mucha gente dice que la Policía del país está simplemente abrumada por la cantidad de casos, pues lidia con malas condiciones forenses y con la renuencia de algunos testigos y parientes de víctimas a colaborar.
Ese aparente desinterés genera frecuentes críticas de mexicanos cansados de la ofensiva gubernamental contra los carteles de la droga, los cuales también pelean entre ellos. En total, la violencia ha provocado al menos 47.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón emprendió una campaña militar contra los carteles a finales de 2006.
El nuevo descubrimiento de cadáveres muestra lo difícil que es identificar cuerpos mutilados.
Aunque los 49 cadáveres no tenían cabeza, manos ni pies, la Policía les aplicó pruebas genéticas y comparó los resultados, sin suerte, con centenares de mexicanos que han sido reportados como desaparecidos.
Las autoridades capturaron a Daniel Elizondo, el presunto cabecilla de una célula del hiperviolento grupo de las drogas llamado los Zetas y le atribuyeron la atrocidad, pero Elizondo y otros dos sospechosos arrestados en el caso no han dado al parecer ninguna información que pueda ayudar a la policía. El Ejército dijo que Elizondo afirma que alguien le entregó los cadáveres.
Los cuerpos de los 43 hombres y seis mujeres continúan en una morgue en la ciudad industrial de Monterrey, capital de Nuevo León, donde están marcados con las iniciales “N.N.” que significan “No nombre”. Son identificados con números, dijo una vocera de la Policía estatal. Las autoridades creen que los cadáveres son indicios de un enfrentamiento más entre los Zetas y sus carteles adversarios del Golfo y de Sinaloa.
Ahora depende del jefe de los investigadores decidir cuánto tiempo permanecerán los cuerpos en la morgue, para que luego sean envueltos en sábanas y enterrados juntos en tumbas comunes de cementerios en la zona metropolitana de Monterrey, dijo la portavoz policial, quien por protocolo no permitió que fuera identificada con su nombre. Los cadáveres pueden quedarse en la morgue un tiempo máximo de cuatro meses. Tradicionalmente, los mexicanos sepultan a sus muertos en un lapso no mayor de 48 horas.
Los parientes de los desaparecidos relatan que sufren la incertidumbre de desconocer el paradero de sus seres queridos.
“Cuando se llevaron a mi hijo, ahí acabaron con nosotros”, declaró Maximina Hernández, una camarera de 44 años de edad que vive en el suburbio de Santa Catarina en Monterrey. Su hijo, un policía de 23 años de edad, fue capturado por hombres armados minutos después de terminar un turno laboral en 2007. “Lo único que le pido a Dios es una noticia, saber dónde está, pero no hay avance, no hay nada”.
Hernández se unió a otras personas con parientes desaparecidos para presionar a las autoridades a fin de que investiguen los casos, pero dijo que se siente decepcionada por los resultados que ha visto hasta ahora.
Indicó que la policía le tomó muestras de ADN, al igual que al padre de su hijo, pero que nunca investigó su sospecha de que el comandante de su hijo estaba involucrado en la desaparición. El año pasado, las autoridades capturaron al comandante policial junto con más de 40 agentes de Santa Catarina por supuestamente trabajar por los Zetas.
Luis García, investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, confirmó la noción generalizada de que el número de los cadáveres sin identificar sigue creciendo, al igual que la cantidad de desaparecidos. La comisión compiló entre 2000 y 2005 un registro de 8.898 cuerpos sin identificar, cifra que desde entonces tuvo un incremento significativo de 80% hasta junio. El número de las personas reportadas como desaparecidas en el primer período —5.397— ha aumentado más drásticamente, en casi 350%.
Nadie sabe exactamente cuántos de los muertos son por la violencia relacionada con las drogas y cuántas desaparecieron a manos de los carteles porque nunca se ha hecho un estudio de esa situación, expuso García.
“Que se investigue qué ha pasado en cada uno de los casos, que se les ponga nombre y apellido (a cada víctima) y haya una investigación adecuada para que no queden en la impunidad los delitos que se pudieran haber cometido”, precisó. “El tema es que no hay una investigación eficaz”.
Las acciones gubernamentales por resolver ese problema monumental han tenido resultados mixtos. Calderón ha intentado reformar y profesionalizar a la Policía federal, que ha triplicado su fuerza a 35.000 efectivos, pero ha tenido poco éxito en mejorar a las policías locales y estatales. El gobierno propuso la creación de una base nacional de datos con la información de los desaparecidos que esté disponible para los investigadores de los 32 estados del país, pero aún está en proceso de desarrollo.
Los parientes de víctimas de la violencia han denunciado desde hace tiempo que las peticiones de ayuda son a menudo ignoradas y aseguran que no es raro que sean hostigados para que dejen de insistir en que sus casos sean investigados.
A diferencia de Nuevo León, la mayoría de los 32 estados no tienen siquiera la tecnología para elaborar perfiles biográficos mediante estudios genéticos y pocos policías están capacitados para tratar escenas de crímenes.
En muchos casos, la Policía carece de capacidad para identificar decenas de cuerpos, que son arrojados en minas abandonadas, dejados a la mitad de avenidas transitadas o enterrados en fosas comunes.
En el estado de Durango, las autoridades hallaron cinco cadáveres en una fosa común clandestina a mediados de julio, que aumentaron el total de cuerpos desenterrados en la región a 336 desde abril de 2011, dijo la procuradora estatal de justicia, Sonia de la Garza. Más de 600 familias han entregado muestras genéticas a las autoridades, quienes deben enviarlas al vecino estado de Chihuahua para que sean procesadas.
La Policía en Durango utilizó en un principio excavadoras mecánicas para retirar cuerpos de fosas comunes, hasta que intervinieron los investigadores para evitar la destrucción de evidencia.
“El hecho de que tantos cuerpos sigan sin identificarse nos habla de la enorme magnitud de la violencia en algunas partes del país, donde los carteles se enfrentan entre sí y de paso también asuelan a la población civil”, afirmó Andrew Selee, director del Instituto México, un centro de estudios establecido en la ciudad de Washington.
La corrupción enquistada en la policía de México, sobre todo en las pequeñas fuerzas locales, complica el mecanismo de identificación. En consecuencia, muchas personas con parientes desaparecidos no se acercan a las autoridades por el temor de ser atacadas en caso de que haya agentes coludidos con los criminales.
Hernández relató que una vez los investigadores le dijeron que temían averiguar la desaparición de su hijo, Jesús Everardo Lara Hernández, porque “estaba grueso” (complicado).
“Ellos me decían que los entendiera, que ellos también tenían familia. Así de cínicos eran”, aseguró. Hernández, que tiene otros tres hijos, de entre 7 y 14 años, dijo que se quedó petrificada cuando su hijo fue llevado con rumbo desconocido, pero pensó que su empeño por encontrarlo era más fuerte, así que comenzó su propia investigación y habló con colegas de su hijo.
“Fue muy duro para mí porque yo no quería saber ni de mis chiquitos por andarlo buscándolo”, explicó. “Han sido unos cinco años horribles, pero la esperanza de encontrarlo me mantiene firme”. (AP)