Al impulsar el juicio político en la cámara baja del Congreso Nacional la derecha hizo realidad una antigua amenaza, usando la masacre en Curuguaty como principal causus belli contra el gobierno del presidente Lugo. El “proceso del cambio” llevado adelante por Lugo desde los principio chocaba con los interés de los elites tradicionales de la sociedad paraguaya. La reforma tributaria, la atención primaria de salud, el desbloqueo de las listas sábanas o la prometida reforma agraria hicieron del ejecutivo un blanco del partido colorado, liberal y UNACE.
La moción de censura – examinándola bajo un espectro más amplio – no sólo pretende acabar con el ejecutivo, es también el rechazo del “proceso democrático del cambio”. Con el paso los sectores tradicionales hicieron uso de un recurso constitucional, al borde de la legalidad. Los criterios formales y procedimentales del juicio político difícilmente pueden ser considerados democráticos.
Según el Artículo 225. de la constitución paraguaya, el juicio político es un recurso a disposición del legislativo para destituir cargos políticos mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. En el presente caso el libelo de acusatorio se centro en el “mal desempeño “citando cinco puntos cardinales.
Entre ellos se figura un polémico acto político del 2009, el incidente de Curuguaty, eso sí reciente, un caso de ocupación de tierras en Ñacunday del febrero del año corriente, al igual que encontraremos alusiones generalizadoras a la empeora de la “seguridad”, refiriéndose ese punto al Ejército del Pueblo Paraguayo, y la firma del Protocolo Ushuaia II. por el que tras la moción el gobierno de Franco se enfrente a una creciente presión internacional.
Junto al contenido, los criterios formales y procedimentales del acto son los aspectos más preocupantes del juicio político, dada la circunstancia en la que todo el proceso de inicio a su conclusión se llevo a termino en un plazo de 24, mereciéndose el apodo de “juicio político exprés”.
Los partidos colorado, liberal y UNACE tuvieron sumo interés en llevar a cabo la moción de censura lo mas veloz posible para evitar la masiva movilización social de los sectores favorables al “proceso de cambio” y al presidente electo. Tal vez esta prisa generó la cantidad de errores gramaticales y ortográficos de los que esta repleto el texto acusatorio.
La manipulación política al margen de la legalidad sin embargo no calculó con la tenaz oposición social interna, ni con la de la escena internacional, que no quisieron tragar lo que cocinaron los liberales y colorados, que la primera vez en mas de cien años acordaron sentarse a la misma mesa, para devorar el proceso del cambio.
Tras la aprobación del juicio con 76 votos favor con 1 en contra, en la cámara baja, amplias masas emprendieron el camino para Asunción para expresar su descontento ante el Congreso e intentar presionar el Senado para no llevar adelante el proyecto.
Movimientos sociales, sectores campesinos, comunidades indígenas, partidos políticos, estudiantes e intelectuales ocuparon la plaza a partir de la tarde del día 21. Yo llegué a Asunción con un grupo de activistas de una organización civil el mismo jueves.
A lo largo de la noche de jueves y viernes las demonstraciones se transcurrieron en relativa tranquilidad, en parte gracias a la experiencia de los dirigentes sociales en organizar semejantes actos, ya que la participación ciudadana y la movilización social en el país cuenta con un pasado muy activo.
Se vivieron momentos de ligera tensión al notar la presencia de francotiradores y militares en los edificios adyacentes, ya que en la memoria de muchos seguía todavía viva la imagen del Marzo Paraguayo de 1999 cuando tiradores abrieron fuego en los manifestantes de los mismos edificios causando la muerte de al menos siete personas, llevando la crisis política de aquel entonces al borde de una guerra civil.
A las 17:00 horas la tensión llego a ser palpable al conocerse el resultado de la votación en el Senado – 39 a favor y 4 en contra – del juicio político. Los siguientes pasos de Lugo llegarían a ser decisivos – a pesar de la critica de sus seguidores el expresidente opto por la única vía que le quedó abierta para la solución pacifica de la crisis y renunció de su cargo.
Posiblemente si se hubiera aferrado en sus posiciones de mantenerse en la presidencia las consecuencias hubieran sido nefastas, empujando no solo a su persona sino toda la movilización social hacía posibles actos ilegales quizas violentos.
Federico Franco, el hasta entonces vicepresidente de Lugo aquella misma tarde juro como presidente de la republica – concluyendo así el “juicio político exprés” contra el ejecutivo que en 2008 habia acabado con 61 años de gobierno colorado en el país.
Sobre las 18:00, sin aviso previo – notamos unas granadas de gas lacrimógeno pasando por encima de nosotros y en la Plaza de Armas en pocos segundos se desató el caos. Los policías cargaron contra la gente con balines de goma, gas lacrimógeno, cañones de agua y caballos.