Se estima que de 4 millones de campesinos y campesinas, más de 2 millones están en situación de indigencia total en la región, y más de 300 mil familias no tienen acceso a la tierra. Además, solo en lo que va de este año, ya han sido asesinados cuatro campesinos en el Bajo Aguán, según enfatizan las organizaciones, que también recuerdan que durante el 2012 se produjeron cientos de desalojos a grupos campesinos en distintas regiones del país y de varias organizaciones campesinas.
Las organizaciones explicaron a través de un comunicado distribuido a la prensa, que desde hace más de 20 años viene acumulándose una problemática en el campo en el país y que la Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola, aprobada en 1992, desarticuló el proceso de reforma agraria, además de haber afectado el movimiento campesino.
A partir de la aprobación de dicha ley “las grandes empresas entre ellas las cañeras, bananeras cuyos productos son orientados a la exportación, se apoderaron de las mejores tierras del país, pues es política de Estado la reconcentración de la tierra a manos del gran capital nacional y transnacional, esto trajo consigo el despojo de los campesinos y campesinas que tanto les había costado la adquisición de sus tierras”, señala el documento.
A pesar de la situación, las organizaciones afirmaron que el campesinado seguirá luchando y instaron a todos los campesinos y campesinas a permanecer en estado de ‘alerta permanente’ ante la crisis política y social y la situación de inseguridad. También demandaron el “respeto irrestricto” a los derechos humanos de los campesinos y campesinas y el cese de la persecución y el derramamiento de sangre.
En el comunicado las organizaciones exigieron al Congreso Nacional la inmediata aprobación de la Ley de Transformación Agraria Integral presentada en octubre de 2011 por el movimiento campesino, y hicieron un llamado a los 3 poderes del Estado para que intervengan a favor de la causa campesina.(adital)