Correa, a quien los sondeos colocan como favorito para ganar la elección presidencial en primera vuelta, ha impulsado en los últimos cinco años reformas legales para el ejercicio periodístico y se ha querellado personalmente con directivos de medios y periodistas.
De cara a un nuevo periodo presidencial de cuatro años, Mauro Cerbino, investigador en comunicación de la Facultad Latinoamerican de Ciencias Sociales (Flacso), prevé que “seguirá la tendencia al enfrentamiento”.
“Es probable que se radicalicen los intentos de judicializar la información”, consideró.
Christian Zurita, un periodista a quien Correa demandó en 2011 por daño moral a raíz de un libro que reveló contratos de un hermano suyo con el Estado, también se mostró pesimista.
“La situación se va a agravar”, declaró Zurita, y estimó que dependerá del margen con el que gane el mandatario y de si logra una mayoría legislativa para que se apruebe una ley de comunicación como ordena la Carta Magna de 2008, impulsada por Correa.
“El enfrentamiento continuaría, sobre todo si gana en primera vuelta, demostrando que sus únicos opositores son los medios, a los que considera su principal enemigo”, comentó Simón Pachano, politólogo de la Flacso.
El juicio contra Zurita y su colega Juan Carlos Calderón fue archivado en 2012 por pedido del presidente, quien los perdonó tras conseguir que fueran condenados a pagarle dos millones de dólares, alegando que no conocía los negociados.
En 2012, el gobernante logró que tres directivos y un exeditor del diario El Universo fueran sentenciados por injuria a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares, debido a una columna que lo acusó de haber ordenado atacar un hospital donde estuvo retenido durante una rebelión policial en 2010.
El mandatario, quien advierte que no cejará en defender su honra, también pidió archivar ese proceso. Pero a raíz del juicio, el presidente ecuatoriano ha insisitido en pedir una reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a los acusados.
A su vez, organismos de defensa de la libertad de expresión como Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa criticaron la actitud de Correa y denuncian riesgos para la libertad de expresión en Ecuador.
Correa impulsa una cruzada contra lo que llama la “gran prensa”, a la que acusa de “corrupta y mediocre”, y de conspirar con opositores y grupos privados afectados por su gobierno.
Pero aclara que su pelea es con los directivos y no con los periodistas, cuyo sueldo básico ordenó subir en diciembre en 69,4% para colocarlo en 817 dólares, y se dijo dispuesto a subsidiar el alza.
Las primeras regulaciones se fijaron en la Constitución de 2008, que prohibió a los banqueros ser dueños de medios.
El gobernante lo justificó aduciendo que ambos sectores se confabularon para ocultar datos durante un caso de corrupción financiera en 1999, a raíz del cual el Estado incautó 14 medios a banqueros para ser vendidos, pero éstos continúan bajo control oficial y varios siguen una línea editorial oficialista.
El presidente consiguió además que en 2011 un referendo prohibiera a la banca y a las empresas de comunicación las inversiones fuera de sus propios sectores económicos, y en 2012 ordenó a sus ministros no dar entrevistas a algunos medios privados.
Pese a la fama que se ha labrado como agresor de la libertad de prensa, en agosto pasado concedió asilo al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Quito en Londres.
Durante la campaña electoral defendió su actitud frente a la prensa, señalando que “el mayor problema de la comunicación es que negocios privados con fines de lucro provean un derecho” como la información.
Y aunque asegura que no es prioridad del gobierno, está dispuesto a interponer su liderazgo para que el Congreso apruebe la ley de comunicación.
Un proyecto del oficialismo está en discusión, pero no hay suficientes votos para aprobarlo. Éste plantea una nueva redistribución de frecuencias entre medios comunitarios(34%), públicos (33%) y privados (33%).
Hasta ahora, cerca de 85,5% de las frecuencias radiales son privadas, 12,9% públicas y 1,6% comunitarias, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. En el caso de la televisión, 71% son privadas y 29% públicas.
Ese proyecto plantea también la creación de un consejo de regulación con facultad para sancionar la difusión de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales.
La posible reelección de Rafael Correa en los comicios del próximo domingo en Ecuador podría aumentar las regulaciones sobre la prensa privada, con la que ha tenido duros enfrentamientos desde su llegada al poder en 2007, estimaron expertos consultados por AFP.
Correa, a quien los sondeos colocan como favorito para ganar la elección presidencial en primera vuelta, ha impulsado en los últimos cinco años reformas legales para el ejercicio periodístico y se ha querellado personalmente con directivos de medios y periodistas.
El mandatario, quien advierte que no cejará en defender su honra, también pidió archivar ese proceso. Pero a raíz del juicio, el presidente ecuatoriano ha insisitido en pedir una reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a los acusados.