Se trata de mucho más que una operación de desalojo con trágico desenlace; las raíces de la tragedia se remontan a uno de los más graves problemas que dividen la sociedad paraguaya: la desigual distribución de la propiedad de tierra, y el conflicto entre los grupos políticos que se enfrentan en el mismo.
Las fuerzas políticas tradicionales actualmente en oposición (aunque en mayoría parlamentaria) se enfrentan al proceso político tutelado por el gobierno de Fernando Lugo, delegado por una coalición popular de izquierda. La elite económica del sector agrario-industrial del país tradicionalmente se apoya en el partido colorado (ANR), liberal (PLRA) y UNACE mientras el ejecutivo es respaldado por una base electoral de izquierda mayoritariamente rural. Uno de los síntomas más graves de este enfrentamiento político es el incidente de Yvyra Pyta.
Los medios de comunicación al servicio del elite paraguayo a menudo titulan de “delincuentes” e “invasores”a los campesinos sin tierra y critican fuertemente a Lugo reclamando medidas más severas para “proteger la propiedad privada” frente las ocupaciones de tierra. Tras la operación policial en Curuguaty – que cobró 17 vidas – tachan al gobierno de incompetente.
El terreno, de unos 2000 hectáreas, de Yvyra Pyta fue apropiada por Blas N. Riquelme – agroempresario exsenador del partido colorado – en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner. Durante ese período era común premiar con extensas posesiones de tierra los sirvientes fieles del régimen, constituyendo ese proceso una forma de “reforma agraria “ilícita. Según fuentes más de un 80% de los 75 mil hectáreas del latifundista son tierras “malhabidas”, cuyos títulos de posesión carecen de legalidad.
Los 2000 hectáreas actualmente ocupados por los carperos según una sentencia judicial del 2010 es de propiedad estatal, y fue declarada tierra de “interés social”, es decir superficie destinada a una futura reforma agraria. Otras fuentes mencionan que en 2005 Riquelme consiguió unos títulos de posesión de forma ilícita a través de la fiscalía de Curuguaty.
La masacre en Yvyra Pyta plantea varias incógnitas. Por el momento es casi imposible ver claro el asunto. No está clarificada por ejemplo, quién abrió fuego contra los efectivos policiales. Según los campesinos sus filas fueron infiltradas por provocadores armados. Comentan que la mayoría de los carperos decidieron abandonar Yvyra Pyta, sin embargo un grupo de 30-50 personas decidieron permanecer en el sitio, bajo la dirección de elementos ajenos al movimiento.
Al efectuarse la operación policial líderes del grupo avanzaron a negociar con las autoridades cuando salieron los primeros disparos que abatieron el negociador de los ocupantes y causaron las primeras bajas policiales.
Las heridas de los policías – impactos de bala casi exclusivamente en la cabeza y cuello causadas por armas de grueso calibre – dejan pensar que los que dispararon disponían de “conocimientos amplios en el manejo de armas de fuego” – denunciaron fuentes del GEO ( Grupo de Operaciones Especiales) y la Policía Nacional.
A pesar de las incógnitas un aspecto del hecho parece estar claro: el incidente causo una violenta tormenta política que afectó gravemente al ejecutivo. Los partidos políticos tradicionales, que se oponen a las reformas de Lugo, iniciaron un ataque político en todos los frentes.
El 21 de Junio la cámara baja del Congreso Nacional aprobó la iniciativa de juicio político (moción de censura parecida al impeachment norteamericano) contra el gobierno de Lugo. Se hace realidad así una antigua amenaza de los sectores políticos de derecha, que no consiguieron imputar al presidente hasta este momento por la carencia de fundamentos legales para el mismo y por la presión del respaldo social del que disfruta el líder del ejecutivo. Lideres de la Liga Nacional de Carperos pronunciaron en un comunicado en contra del juicio político promovido por el congreso.
La aprobación del juicio político, fue respondida por el general descontento de amplias clases sociales que anuncian manifestaciones en varias localidades del país. Actualmente grupos de manifestantes llegan en creciente número a la capital paraguaya para respaldar al gobierno e intentar hacer retroceder al Senado que tiene que dar su visto bueno a la iniciativa del juicio político. (latimoport)