La ley entró en vigor el miércoles y busca dar al público acceso a datos oficiales y reforzar la capacidad de los ciudadanos para desafiar la reconocida falta de transparencia del gobierno brasileño.
Entre los partidarios de la medida se incluye la presidenta Dilma Rousseff, quien considera histórica la ley.
Años de régimen militar crearon una cultura de confidencialidad y una burocracia que mantiene un férreo control sobre la información, y eso alimenta la corrupción. El año pasado, cinco ministros de Rousseff fueron destituidos o renunciaron por acusaciones de mal uso de los recursos públicos.
Los expertos advierten que tomará un tiempo cambiar actitudes. La mayoría de los ciudadanos no están familiarizados con el concepto del libre acceso a la información pública. (foxnews)