EE.UU. evalúa derechos humanos en México

WASHINGTON  — Estados Unidos recaba información para definir si la situación de derechos humanos en México amerita una nueva retención de fondos comprometidos a la Iniciativa Mérida.

 

Kathleen Fitzpatrick, subsecretaria adjunta de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Laborales, dijo el jueves al comparecer ante un comité legislativo que aún no han concluido el informe. “Tomaremos en cuenta todos los elementos y factores relevantes, pero no puedo especular qué decide la secretaria” de Estado Hillary Clinton.

El gobierno estadounidense ya retuvo 26 millones de dólares en ayuda a México en 2010, cuando recomendó fortalecer su comisión para los derechos humanos, darle nivel constitucional al cumplimiento de acuerdos internacionales sobre derechos humanos y asignar casos relacionados a civiles a tribunales civiles en lugar de militares.

Fitzpatrick se negó a precisar la fecha en que Clinton tomará la decisión.

Reconoció que México ha logrado avances importantes, tales como leyes para fortalecer protección a periodistas y defensores de derechos humanos y reformas constitucionales para aumentar la autonomía de la comisión para derechos humanos, pero advirtió que “aún queda mucho trabajo por delante en la implementación de estas leyes” y subrayó que el sistema judicial mexicano se encuentra en plena transición para reemplazar en el 2016 un sistema escrito por uno oral.

“La impunidad permanece como uno de los obstáculos más importantes para el sistema judicial mexicano, cuya capacidad de impartir justicia todavía permanece limitada”, dijo al comparecer ante la comisión legislativa para derechos humanos Tom Lantos, creada en 2008 en homenaje al único sobreviviente del Holocausto que resultó electo en el Congreso estadounidense.

Al referirse a la justicia militar, Fitzpatrick señaló que la Suprema Corte mexicana ordenó en 2011 que los casos relacionados a abusos perpetrados a civiles vayan a tribunales militares.
Precisó que “si bien los militares han cedido jurisdicción en algunos casos, el proceso aún no ha sido incluido en la Constitución, y los tribunales militares han continuado reclamando jurisdicción en algunos casos que involucran civiles. “Esta es otra área que nos preocupa y en la que estamos listos para a apoyar a México”. (AP)

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