En los últimos años, más de 1,300 criminales de alto rango colombianos y sus más peligrosos secuaces han sido enviados al norte para enfrentar cargos por el delito de narcotráfico en Estados Unidos, un drástico cambio con respecto a la década de 1990, cuando la extradición fue prohibida bajo la coercitiva presión de los carteles de Medellín y Cali.
Narcos que podrían haber seguido operando sus organizaciones de droga desde lujosas celdas cerca de sus hogares colombianos, ahora cumplen amplias penas en las lejanas cárceles estadounidenses, sin alfombras de pared a pared, televisiones de pantalla grande o fácil acceso a teléfonos. Muchos se ofrecen como testigos con la esperanza de reducir sus sentencias.
El resultado ha sido una constante erosión de la capacidad del crimen organizado en Colombia, una lección para México y otros países de la región amenazados por las bandas de narcotraficantes. La reticencia histórica de México para extraditar a sus ciudadanos a Estados Unidos debe ser reevaluada de cara al éxito colombiano.
Lo bueno de la extradición tal y como la practica Colombia no es su poder para detener el contrabando de drogas. Hay poca evidencia de que ésta haya tenido efecto directo en ese sentido. Pero sigue desmembrando el liderazgo de las bandas de narcos, manteniéndolas en un perpetuo estado de reconstrucción. En resumen, la extradición desorganiza al crimen organizado.
Y eso es lo que la hace una estrategia ganadora en un país alguna vez en total peligro por las amenazas y los sobornos de los cárteles. En aquellos días, hace apenas 20 años, los cárteles de Medellín y Cali disputaban el poder con el gobierno de Bogotá, que a menudo parecía ser un rehén de las fuerzas del crimen organizado. La extradición se convirtió en el premio por el que pelearon.
Pablo Escobar, alguna vez el delincuente más temido en el mundo de las drogas, tenía tanto miedo de ser trasladado para ser juzgado en Florida, Texas o Nueva York, que exigió el fin de la extradición. “Acertadamente” insistió en que prefería “la tumba en Colombia” que estar encarcelado en Estados Unidos. Pero cuando fueron desoídas sus exigencias, Escobar emprendió una campaña de terror con asesinatos políticos, secuestros de personas conocidas en sociedad, y atentados mortales.
Mientras que Escobar optó por la guerra, los jefes del rival cártel de Cali optaron por el dinero. Promovieron favores con efectivo, mujeres y vacaciones en el Caribe a todos los políticos que así lo quisieran. La democracia no era rival para las fuerzas combinadas de la corrupción y la intimidación. Colombia capituló ante los reyes del narco y dejo que los abogados de los cárteles reescribieran partes de la Constitución nacional para proscribir la extradición.
La extradición fue prohibida por más de seis años, hasta que fue restaurada en diciembre de 1997. Hace no mucho, su utilización aumentó como parte de la campaña del expresidente Álvaro Uribe para desarmar y desmovilizar a los grupos paramilitares traficantes de drogas. Y colocó en la “vía rápida” el proceso de extradición después de descubrir que los criminales encarcelados aún manejaban las empresas criminales desde las cárceles colombianas.
Hoy Colombia permanece muy animada en sus esfuerzos, dado el temor de un retorno a los viejos malos tiempos, cuando las exigencias criminales se anteponían a los intereses nacionales. Y su éxito es notorio. México muestra una mayor disposición para extraditar ciudadanos mexicanos que están acusados de graves delitos de narcotráfico hacia EU, pero la cifra es pequeña comparada con la de Colombia.
Cerca de una decena de capos mexicanos del narco se encuentran en distintas etapas de extradición, un pesado y a menudo frustrante proceso que puede llevar de dos a cinco años. Las autoridades de EU se quejan, entre otras cosas, de que México pide demasiada documentación antes de aprobar solicitudes de extradición, en particular los nombres de algunos testigos clave que pueden poner en peligro su seguridad.
Algunos de las persistentes renuencias provienen del orgullo nacional, de la convicción de que México debe y puede hacerse cargo de sus propios problemas con la delincuencia. Para tal fin, las unidades mexicanas que luchan contra el narcotráfico han sido reforzadas y se ha mejorado la seguridad en los penales federales. Pero no es suficiente.
“No hay mejor cárcel en México o Colombia que las de EU para sacar a esos individuos del negocio del narco”, dijo un funcionario estadounidense de seguridad.
Por supuesto que hay un costo. Los procesos federales y los largos encierros son caros. No obstante, ¿cuáles son las alternativas? Cuando Colombia fue sobrepasada por los cárteles, EU invirtió en asistencia miles de millones de dólares para ayudar a un amigo y aliado que pudiera contraatacar. Hace poco, el gobernador de Texas, Rick Perry, propuso enviar tropas estadounidenses para ayudar a México, una opción cargada de costos políticos y financieros. Sólo subrayó el punto: la extradición es una ganga.
Es también el arma más potente contra del crimen organizado disponible en la región. México y sus vecinos centroamericanos deben abrazar esta idea con el entusiasmo colombiano.
*Nota del editor: William C. Rempel, quien trabajó por 36 años como reportero investigador y editor en Los Angeles Times, es el autor de At the Devil’s Table: The Untold Story of the Insider Who Brought Down the Cali Cartel (Random House, 2011). Esta es parte de una serie sobre la guerra contra el narco en México.
Kiemelt