El tema fue abordado el pasado miércoles en una reunión del dignatario con representantes de la izquierda en el país, a la que concurrieron, entre otros, el congresista Iván Cepeda y el director del semanario Voz y vocero de Marcha Patriótica, Carlos Lozano, quienes se comprometieron a guardar confiabilidad.
De manera somera, Córdoba manifestó al diario El Espectador, que fue muy interesante conocer la posición del Gobierno sobre el proceso que transcurre en La Habana, por boca del jefe del equipo gubernamental, Humberto de la Calle, y del propio Santos.
Las intervenciones del ministro de Justicia, Alfredo Gómez, y del analista Jorge Orlando Melo, acotó, fueron muy útiles para comprender “la dimensión jurídica e histórica del reto al que nos estamos enfrentando”.
Según refirió, se habló también de la importancia de las garantías, tanto en el proceso de paz como en la vida política del país, para los movimientos sociales y grupos que han padecido durante años la exclusión y, de un modo parcial, de un eventual proceso con el Ejército de Liberación Nacional.
Otro de los temas abordados fue el de Marcha Patriótica, añadió, en torno al cual expresó su preocupación por lo que está ocurriendo con los miembros de ese movimiento en las regiones y centros urbanos.
Lo que está pasando, a su juicio, es tan grave, que hay quienes llaman a Marcha Patriótica Unión Patriótica II, aseveró.
Córdoba detalló que, según registros, numerosos dirigentes fueron amenazados y unos 200 judicializados, entre ellos académicos, líderes populares y estudiantes.
No podemos ser indiferentes al peligro que se cierne sobre nuestros compañeros y por eso pensamos, incluso, en una eventual disolución de Marcha, dijo.
Según la exsenadora, Santos escuchó con atención todo lo planteado y se comprometió a recibir a dirigentes del movimiento.
Es posible que anuncie una serie de mecanismos que activará su Gobierno, agregó, para dar a Marcha Patriótica, y a las demás organizaciones, garantías que irán mucho más allá de lo puramente electoral.