En los últimos meses centenares de activistas se movilizaron exigiendo la tipificación específica del delito de femicido en el proyecto ley del nuevo código penal, al igual que pidieron mayor compromiso por parte de las instituciones públicas para hacer frente a violencia de género.
Las movilizaciones sociales de abril bajo lemas “Ni santas ni princesas, libres y diversas” hicieron presión sobre los legisladores para sacar adelante la inclusión del femicidio en el nuevo Código Penal que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.
“Ya no queremos morir y menos por razones equivocadas, por una cultura machista que está arraigada en nuestra sociedad. No se puede ver como normal que un esposo mate a su mujer porque quemar la comida o no haberle lavado la ropa. “ – comentó Johanna, activista quien prefirió no revelar su apellido.
Efectivamente, las estadísticas son alarmantes: la Fiscalía General del Estado en 2010 registró los casos violencia de genero cobraron la vida de 243 mujeres, 251 en 2011 y 234 en el 2012 con lo que son 728 las víctimas de femicidio de lo que va de 2010. Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el 60% de las mujeres ecuatorianas son víctimas de violencia doméstica de mayor o menor gravedad y un 76% de ellas son agredidas por su propia pareja.
El actual ordenamiento jurídico no contempla como delito aparte el asesinato de mujeres. Al igual que el homicidio común, es penalizado con un máximo de 25 años de prisión. El nuevo Código Penal Integral que actualmente esta en la mesa de los legisladores de la Asamblea Nacional de Ecuador prevé una pena de 28 años para los culpables de femicido.
El fiscal general, Galo Chiriboga resaltó que “pese a su gravedad y naturaleza muy común en el continente latinoamericano, la violencia contra las mujeres no está incluido en la mayoría de los sistemas legales de la región, por lo que la Fiscalía General ecuatoriana propone que se tipifique en el nuevo Código Penal como un delito más grave que el asesinato.”
Para la fecha de hoy la propuesta promovida por organizaciones sociales, la Fiscalía General y la Comisión de Justicia y Estructura de la Asamblea Nacional (CJEAN) está pendiente solamente de la votación final de la cámara para su aprobación.
Sin embargo expertos señalan que la modificación del marco legal en sí – a pesar de ser una herramienta de utilidad indiscutible para capacitar y sensibilizar los operadores de la justicia y la sociedad – no es suficiente para cambiar un fenómeno tan profundamente arraigado en las sociedades latinoamericanas como la violencia de género.
“La idea sobre todo es crear conciencia y cambiar la concepción cultural que tenemos – esboza Mauro Andino, presidente del CJEAN – es necesario también fortalecer sistemas de protección integral para las víctimas (…) pues la respuesta judicial no es siempre efectiva ni es suficiente.”
“Se precisa educar a los jóvenes, a profesores, a padres de familia para crear una nueva conciencia social sobre las relaciones de género desiguales, injustas y violentas, fomentando nuevas masculinidades y feminidades que promuevan relaciones sanas y respetuosas” -resalta Carolina Félix coordinadora de la red la Red de Jóvenes Unidos contra el Machismo.